Los cambios efectuados para este año afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas            Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre Sociedades (IS) , entre otros.

Impuesto sobre Sociedades:

  • Se posibilita la libertad de amortización sin cumplir con el mantenimiento de empleo. (Límite 2.015)
  • Se amplía el concepto de PYMES, estipulando la aplicación del régimen especial para pequeñas y medianas empresas con una cifra de negocios de hasta 10.000.000 de Euros (antes 8.000.000). (En algunos supuestos,las sociedades que dejen de ser pymes, podrán continuar con la aplicación de dicho régimen por los siguientes tres periodos impositivos).
  • Por otro lado se eleva de 120.202,41€ a 300.000€ el importe del primer tramo para que tributen al tipo reducido
  • Desaparecen los porcentajes de aplicación a las deducciones por actividades de exportación, inversiones medioambientales y formación, que ya se vieron reducidos en 2.010.
  • Las empresas cuya cifra de negocio sea inferior a los 5.000.000 euros y cuya plantilla de trabajadores sea inferior a 25, tributarán con un gravamen del 20% para la base comprendida entre 0 y 300.000 euros y al 25% para la parte restante.
  • Respecto a las rentas procedentes de la reducciones de capital que hagan las Sociedades de Inversión de Capital Variable, los accionistas deberán incluir en su Impuesto de Sociedades la cantidad percibida en la devolución de aportaciones o primas de emisión, en base al limite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde el momento de la adquisición hasta que se produjo la reducción. Esta cantidad se introducirá en la base imponible sin  reducción. Lo mismo sucederá con  las devoluciones de capital.

Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas:

  • El importe de los rendimientos que aplica la reducción del 40% quedará limitado a 300.000€ anuales.
  • Nuevos tramos en las tablas para las rentas más altas, 24% para las rentas de entre 5.050 y 17.360 euros, del 28% para los ingresos de entre 17.360 y 32.360 euros, del 37% entre 32.360 y 52.360 euros, del 43% entre 52.360 y 120.000 euros, del 44% entre 120.000 y 175.000 euros y un 45% para las superiores a 175.000 euros.
  • La deducción por inversión en vivienda habitual solo será aplicable a los contribuyentes que tengan una base imponible inferior a 24.107,20 euros, con un máximo anual de 9.040 euros para aquellos con una base imponible de 17.707,20 euros o inferior. Los mismos límites  para las deducciones por alquiler de vivienda. Se crea un régimen transitorio para que los contribuyentes que adquirieron vivienda antes de enero de 2011 puedan aplicar la deducción con las condiciones anteriores.
  • Para poder aplicar la reducción del 100% del rendimiento neto del capital inmobiliario se reduce la edad del arrendatario bajando de los 35 a 30 años.

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La pena del mantero

1 diciembre, 2010

Art 270.1. “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

Este es el artículo del Código Penal Español que contiene el tipo previsto para aquellos que comunmente conocemos como manteros..que, ahora que llueve, pliegan la manta y merodean con sus tacos de cedes por los bares tentando con sus novedades sonido dolby water surround (quién no picó..una sóla vez?)

Y éste, entre otros, es también uno de los artículos reformados por la LO 5/2.010, de 23 de Junio, con lo que las condenas para este delito se ven minimizadas, añadiendo al punto primero del citado artículo lo que sigue:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.”

La doctrina jurisprudencial entiende en su mayoría que la venta callejera de estas copias no tiene la entidad suficiente para constituir ilícito penal, aunque suponga una infracción del derecho de exclusividad amparado por la propiedad intelectual, la cual lógicamente debe tener su sanción, pero no penal, en cuanto que tal conducta es el último eslabón de la que sí sería constitutiva de delito del art. 270 del CP , que es la reproducción en masa de la obra artística amparada por el derecho, sin la autorización del titular del mismo.(Sentencia A.P. Vizcaya 26/02/2.009, A.P. Vizcaya 12/12/2.008).

Los jueces, interpretando el precepto conforme a las denominaciones y normativas mercantiles, consideran que la venta al detalle realizada en el top-manta, no representa la distribución tipificada en la norma, y por tanto, no puede aplicarse, en virtud del principio penal de mínima intervención. En este sentido se manifiestan Sentencias como A.P. Barcelona 6/05/2.010, A. P. Córdoba 11/03/2.009, A. P. Pontevedra 21/05/2.008, entre otras.

La calidad y cantidad de las copias que les son incautadas a los manteros, no supone una lesión grave del bien jurídico protegido, y se cierra así la vía penal.

No obstante, y para aquellos casos que en que los jueces observen ilícito penal en la conducta del mantero, la reforma viene a sustituir la prisión por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, aportando mayor proporcionalidad entre conducta y condena.

Entonces, es labor nuestra, de los Abogados, que se produzca  una inmediata revisión de las condenas de aquellos que pudieran verse favorecidos por la reforma, evitando así el confinamiento en prisión de quienes, según la nueva redacción, no la merecen. Desde aquí se insta a los profesionales a promover la aplicación inmediata de la reforma, en todos l0s artículos que resulten más favorables, aún sin vencer el periodo de vacatio legis hasta su entrada en vigor, seis meses despúes de su publicación en el B.O.E, que tuvo lugar el 23 de Junio de 2.010.

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, incorporó a nuestro derecho interno la
Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley 3/2004 contra la morosidad en las
operaciones comerciales, esta legislación ha de adaptarse a los cambios que se han
producido en el entorno económico y modificarse para que sea ampliamente aplicable,
tanto en el ámbito de las empresas españolas, como en el del sector público.

Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos,
retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los
sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan
con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que
hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.

Con este objetivo, resulta particularmente importante en la presente Ley, suprimir la
posibilidad de «pacto entre las partes», la cual a menudo permitía alargar significativamente
los plazos de pago, siendo generalmente las Pymes las empresas más perjudicadas.

La reforma tiene por objeto corregir desequilibrios y aprovechar las condiciones de
nuestras empresas con el fin de favorecer la competitividad y lograr un crecimiento
equilibrado de la economía española, que nos permita crear empleo de forma estable, en
línea con una concepción estratégica de la economía sostenible.

En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se
reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero
de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se
propone un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes
públicos, y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las
obligaciones depago,através deinformes periódicos a todos los niveles delaAdministración
y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.

En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo
máximo de pago de 60 días por parte de empresas para los pagos a proveedores. Este
plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar
posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den
lugar a aumentos injustificados del plazo de pago. A este efecto se establece un calendario
transitorio que culminará el 1 de enero de 2013. Por otra parte, se refuerza el derecho a
percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien
prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de
buenas prácticas en materia de pagos.

Ver la Ley en http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708.pdf

Por fin se adapta el sistema del Regisro Civil a las nuevas tecnologías. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley del Registro Civil, más adaptado a nuestros tiempos que el hasta ahora vigente, que entró en vigor en 1.957. Con esta profunda renovación pretende darse un servicio más ágil, moderno, accesible y útil, evitando los agravios y molestias que suelen conllevar este tipo de trámites.

Un ejemplo de ello es que se sustituyen los libros por una base de datos, que opera como única en todo el territorio español, por lo que el ciudadano no necesita trasladarse sino que puede consultar los mismos datos desde cualquier Oficina del país. Los Ayuntamientos y sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, ostentarán la capacidad para tramitar expedientes, teniendo acceso a ellos, mientras que antes sólo eran meros receptores y emisores de solicitudes registrales. Se faculta a los organismos públicos para  realizar los trámites sin intervención del ciudadano. Así mismo, se libera a los jueces de esta labor que nada aporta a sus funciones y se reparte entre las administraciones públicas dependientes del Ministerio de Justicia.

Las certificaciones registrales sustituirán a los libros de familia, y podrán solicitarse personalmente o a través de Internet.  Se asignará un código alfanumérico personal de ciudadanía (CPC) a cada nacimiento inscrito, que será el mismo para toda la vida y servirá para realizar los trámites pertinentes con el Registro

No existirá necesidad de personarse en el Registro para obtener una certificación, ya que podremos solicitarla a través de Internet.

El Proyecto de Ley incorpora elementos básicos para la protección de la igualdad, la dignidad y la intimidad de los ciudadanos.

En el convenio regulador se fijan las condiciones que permanecerán vigentes entre los cónyuges hasta la sentencia del divorcio o separación. Se establecen los aspectos relativos a la pensión compensatoria,  la pensión de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, régimen económico..

Desde aquí se ofrece orientación sobre cómo empezar a configurar un buen convenio, consúltanos tus dudas!

PROTECCIÓN DE DATOS

20 julio, 2010

Acceso directo a la Ley de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de datos.

¿Sabemos realmente qué hacer con los datos que poseemos?

¿Sabemos qué deben hacer los demás con nuestros datos?

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/Ley-15_99.pdf

El abogado es una figura profesional a la que, tarde o temprano, tendremos que acudir en algún momento de nuestra vida. Sabemos que existen, incluso dónde se ubican, ya que vemos sus placas pendiendo de los portales de nuestras cudades, sin embargo, cuando surge el conflicto, es muy frecuente que no sepamos identificar el tipo de abogado que necesitamos, o si realmente necesitamos uno , y que esta barrera suponga la demora, o incluso la renuncia, a la defensa de los derechos que nos asisten.

Desde este blog se pretende dar orientación en temas legales a aquellas personas que lo soliciten, exponiendo sus casos de manera clara y concisa en forma de post. Se trata de una pauta orientativa, incluso anterior a la primera visita al abogado, que ya en ocasiones supone un coste al cliente, con el fin de solventar las primeras dudas que pudieran surgir.